EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ADMITE A TRAMITE RECURSO CONTRA LEY ANDALUZA ANTIDESAHUCIOS.

El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso promovido por el Gobierno contra el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, por el cual se da nueva redacción al artículo 1.3 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y se introducen en ella los artículos 25 y 53.1.a), así también contra la disposición adicional primera de la mencionada Ley 4/2013; y ha procedido a su suspensión cautelar.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, mediante Providencia se da traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Junta y al Parlamento andaluz, a través de sus presidentes, para que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

La ley andaluza antidesahucios fue aprobada el 1 de octubre y derogó el decreto ley sobre la misma materia que fue aprobado en abril y que también fue objeto de recurso  por el Gobierno. El recurso contra dicho decreto, que fue admitido a trámite en julio de 2013, está pendiente de resolución por el pleno del Tribunal Constitucional.
Los motivos por los que el Gobierno considera que la Ley Andaluza Anti desahucios es inconstitucional son los que siguen: en primer lugar, “por definir el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda, ejerciendo para ello competencias en materia de vivienda y urbanismo de la comunidad autónoma’’ por cuanto el artículo 149.1.1 de la Constitución Española reserva al Estado tal competencia.

Asimismo, cree que sería “inconstitucional” definir lo que debe entenderse por vivienda deshabitada, articulándose una serie de presunciones legales e indicios dotados de valor probatorio contrarios al principio de presunción de inocencia constitucionalmente recogido en el artículo 25 de la Constitución”.

El Ejecutivo considera, en tercer lugar, que la ley andaluza establece una serie de sanciones a los propietarios de viviendas vacías que no hayan alquilado, sin que resulte acreditado que el propietario dispuso de condiciones y oferta para alquilar, cuando en nuestro ordenamiento jurídico el principio de culpabilidad es condictio sine qua non para establecer una responsabilidad penal o administrativa sancionadora.

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